Una proposición de ley del PSOE busca garantizar que los trabajadores subcontratados o externalizados tengan igual sueldo y condiciones que en las empresas matrices Camareras de piso, empleados del telemarketing o personal de grandes almacenes son sectores especialmente castigados por un mecanismo que ha proliferado en los últimos tiempos Trabajadores de primera y de segunda llegan a convivir en los centros de trabajo: sus trabajos son los mismos, pero sus condiciones de trabajo no
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El Congreso sigue forcejeando con el Gobierno en materia laboral. Si la semana pasada, la mayoría de la Cámara Baja instó al Ejecutivo a derogar su reforma laboral, ahora tratará de introducir un cambio en la norma que impida que los trabajadores subcontratados tengan peores condiciones que las plantillas contratadas directamente por las empresas. La proposición de ley, presentada por el PSOE, obligaría a las empresas contratistas y subcontratistas a garantizar los mismos salarios, jornadas y tiempo de descanso.
Camareras de piso, trabajadores del telemarketing o personal de grandes almacenes son sectores especialmente castigados por un mecanismo que ha proliferado en los últimos tiempos. Las empresas subcontratan algunos de sus servicios a otras para ahorrar costes. Estas contratas y subcontratas reclutan a trabajadores que cobran menos y tienen peores condiciones laborales que la plantilla original. Trabajadores de primera y de segunda llegan a convivir en los centros de trabajo: hoteles, pasillos de supermercados, oficinas... Sus trabajos son los mismos, pero sus condiciones de trabajo no.
La proposición de ley que debate hoy el Congreso busca acabar con esa situación y garantizar a los subcontratados las mismas condiciones que tendrían si hubieran sido fichados por la empresa original. "Queremos atacar la médula espinal de la precariedad. Lo que está pasando es que vía subcontratación y externalización, las empresas están orillando su propio convenio, pagando salarios más bajos y ofreciendo condiciones peores", explica el portavoz de Empleo del grupo socialista, Rafael Simancas.
La reforma laboral hizo que el convenio de empresa prevaleciera sobre el de sector. Este cambio en la negociación colectiva abrió la puerta a que las empresas firmen sus propios convenios rebajando las condiciones contenidas en los convenios del sector. Al calor de esta modificación proliferaron las llamadas empresas multiservicios: ofrecen a las compañías externalizar algunas de sus tareas a cambio de salarios y condiciones peores que pueden aplicar al tener un convenio propio.
La proposición de ley del PSOE busca atacar este mecanismo asegurando iguales derechos al personal externalizado o subcontratado. "Cobrar lo mismo por igual trabajo, seas contratado, subcontratado o externalizado", resume Simancas. Una empresa multiservicios tendrá que aplicar las mismas condiciones laborales que la matriz cuando sea contratada, aunque tenga un convenio propio.
Por ejemplo, si un hotel paga 1.200 euros a sus camareras de piso y subcontrata un servicio en un momento puntual, la empresa subcontratada no podrá pagar salarios inferiores a esa cantidad. La condiciones tendrán que ser las mismas no solo en términos de sueldo, también en condiciones de contratación, tiempo de trabajo y descanso, igualdad, protección de la maternidad, lactancia y paternidad, y frente a riesgos laborales.
El PSOE cuenta con obtener el apoyo de Unidos Podemos, ERC, PNV y Partido Demócrata Catalán, lo que hace muy posible que la iniciativa salga adelante. De ser así, la Comisión de Empleo tratará el asunto para modificar la ley.
Camareras de piso
Sobre las camareras de piso, el Congreso debate también este martes una proposición no de ley (por tanto, no vinculante, es más una acción simbólica que insta al Gobierno a tomar en cuenta lo aprobado) de Unidos Podemos para elaborar un plan sectorial de empleo que aborde las necesidades de estas trabajadoras.
La iniciativa busca introducir a las camareras como colectivo a tener en cuenta en la Estrategia Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, impedir la externalización a la baja de sus condiciones laborales y promover la rebaja de su edad legal de jubilación como consecuencia de la carga laboral que soportan.